viernes, 31 de agosto de 2012
EL CONSENSO DE WASHINGTON:
¿Gobernador de Gobiernos?
por Max Larrain
Del "Consenso de Washington" se conoce poco o se
habla poco. Esa es mi impresión. En ocasión de una reunión social, en la que
compartíamos una decena de amigos y amigas, todos relacionados con las ciencias
sociales, lancé la pregunta sobre el tema. Solamente un par de ellos tenía
conocimiento. Personalmente, había escuchado por primera vez del consenso de
Washington un par de meses antes , durante un seminario dictado por politólogos
canadienses. El origen del nombre.
El nombre "Consenso de Washington" fue utilizado por el economista inglés John Williamson en la década de los ochenta, y se refiere a los temas de ajuste estructural que formaron parte de los programas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones, en la época del re-enfoque económico durante la crisis de la deuda desatada en agosto de 1982.
Algunos se refieren a la "Agenda de Washington", otros a la "Convergencia de Washington" y unos pocos la llaman la "Agenda Neoliberal".
Años más tarde, Williamson convocó a una cincuentena de economistas de varios países, entre ellos varios latinoamericanos, a una conferencia que tuvo lugar el 6 y 7 de noviembre de 1989, en la capital federal, destinada a analizar los avances alcanzados y las experiencias obtenidas de la aplicación de las políticas de ajuste y de reforma estructural impulsadas por el consenso de Washington. Las conclusiones que de esta conferencia surgieron dieron para un libro, el que fue editado por el propio Williamson y publicado por el Institute of International Economics de Washington.
Los pioneros.
Margaret Thatcher había ya iniciado el proceso de ajuste económico y reforma estructural en Inglaterra, a su ascenso al poder en 1979. Las consecuencias sociales fueron desastrosas, reflejadas, entre otros indicadores, por una asimetría en la distribución del ingreso similares a un país del tercer mundo. El costo político fue la pérdida del poder por parte de los Tories, situación que, a juicio de muchos, no tienen esperanza de revertir, al menos en el futuro previsible.
En Chile, los llamados "Chicago Boys", aplicaron también dichas políticas en los primeros años de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Más aun, buena parte de estas ideas habían sido planteadas en un libro que denominaron "El Ladrillo", escrito algunos meses antes del putsch de septiembre de 1973, por un grupo de connotados economistas asociados a
¿Quiénes conforman el consenso de Washington?
Aparte del Banco Mundial y el BID, conforman el consenso de Washington altos ejecutivos del Gobierno de EEUU, las agencias económicas del mismo Gobierno, el Comité de
Desde luego, este consenso de Washington (en lo sucesivo sólo Washington) no representa una sóla opinión prevaleciente, sino que se compone de acuerdos básicos en materias macroeconómicas pero que incorpora diferentes matices.
John Williamson intentó sintetizar las diversas ponencias que se presentaron en el seminario de 1989 relativas a una decena de instrumentos de política económica, en las cuales se verificó un razonable grado de acuerdo.
A continuación, una revisión breve de esta síntesis, a la cual he agregado el parámetro de la inflación y he omitido los Derechos de Propiedad, dado que el economista no se explaya mayormente en este tema.
(1) Disciplina fiscal : No más déficit fiscal. Presupuestos balanceados.
Grandes y sostenidos déficit fiscales constituyen la fuente primaria de los trastornos macroeconómicos que se manifiestan como procesos inflacionarios, déficit de balanza de pagos, y fuga de capitales. Reflejan la carencia de coraje político u honestidad por parte de la autoridad para enfrentar el gasto público con los recursos disponibles. Un déficit de presupuesto operacional que sobrepase un 1% a 2% del PIB se considera prueba fehaciente de una falla en la política aplicada, a menos que este exceso se haya utilizado en inversiones de infraestructura productiva. Se recomienda estabilizar la proporción deuda-PIB a no más de 0.4.
(2) La inflación como parámetro central de la economía.
Para Williamson no aparece claro que las reformas promovidas por Washington apunten a solucionar todos los problemas que enfrentan los países de América Latina, es el caso de las políticas antiinflacionarias, las que se suponen consecuencia del régimen de disciplina fiscal recomendado.
En mi opinión, como las políticas de ajuste y reforma estructural tienen su origen en la crisis de la deuda, no es de extrañar que el control de la inflación sea un asunto prioritario para los organismos acreedores. Lo anterior no invalida el hecho de que la inflación descontrolada constituya, en última instancia, una carga que afecta a todos los sectores, pero con mayor fuerza a los estratos sociales más débiles.
Como regla general, los países parecen haber adoptado la inflación como el parámetro referencial del modelo económico, alrededor del cual se mueven y se subordinan los otros parámetros, incluido el desempleo.
(3) Prioridades en el gasto público.
La necesidad de cubrir el déficit fiscal presenta la disyuntiva entre aumentar los ingresos fiscales o reducir el gasto público. El consenso de Washington, influido por los economistas "reaganianos" ("supply-siders"), optó por favorecer la reducción del gasto público. No se necesita mucha imaginación para deducir a quiénes favorece esta política y a quiénes no. Desde luego que los sectores más ricos de una sociedad resistirán una redistribución por la vía tributaria, prefieren la reducción del gasto público, aunque signifique el fin del estado de seguridad social.
El consenso de Washington, especialmente las instituciones supranacionales que lo integran, poseen marcadas opiniones respecto a la composición del gasto público. Lo catalogan en tres categorias diferentes : subsidios, educación y salud, inversión pública.
Los subsidios deberán reducirse, incluso eliminarse, en el caso de empresas fiscales deficitarias. Por contraste, el gasto en educación y salud es considerado como la quintaesencia del gasto fiscal apropiado, en su carácter de inversión en capital humano. La inversión en infraestructura pública, es también considerada una forma de gasto público productiva.
El gasto militar es tratado como una prerrogativa inalienable de los -en este caso- gobiernos soberanos, por lo tanto fuera del ámbito monitorio de la tecnocracia internacional.
(4) Reforma Tributaria.
El aumento del ingreso vía impuestos se considera una alternativa a la reducción del gasto público para paliar déficit fiscales. Según Williamson, una buena parte de los tecnócratas de Washington (excepto los pertenecientes a think-tanks derechistas) consideran la aversión del Washington político al incremento tributario como irresponsable e incomprensible. A pesar de esto, existe un amplio consenso en el principio de que la base tributaria debe ser amplia, mientras que la tasa tributaria marginal debe ser moderada.
Sin embargo, Washington no siempre practica lo que predica. En 1993 el Presidente Clinton aumentó los impuestos, especialmente gravando a los sectores más ricos, con lo que logró pasar desde el déficit al superávit fiscal, al tiempo que se creaban 16.2 millones de nuevos empleos.
Se mantiene pendiente en Latinoamérica la necesidad de legislar sobre la aplicación del impuesto base a las rentas obtenidas por activos fuera de las fronteras nacionales ("flight capital"). Un intento unilateral no tendría ningún impacto sin un acuerdo con el resto de los países que haga efectiva la obligación. Pero, a su vez, ningún país está en condiciones de iniciar conversaciones al respecto si no ha legislado sobre la materia.
(5) Tasas de interés.
Existen dos principios generales referentes a los niveles de las tasas de interés que concitan el apoyo mayoritario en Washington. El primero es que las tasas de interés deben ser determinadas por el mercado, para evitar distorsiones en la asignación de recursos como resultados de criterios burocráticos arbitrarios. El segundo principio apunta a la necesidad de tasas de interés real positivas, para incentivar el ahorro, por un lado y desalentar la fuga de capitales, por el otro.
(6) Tipo de cambio.
Como en el caso de las tasas de interés, la tendencia es inclinarse por tipos de cambio determinados por las fuerzas del mercado. No obstante, se considera más importante lograr un tipo de cambio "competitivo", más que el cómo este tipo de cambio se determina. Lo esencial es que éste sea consistente con los objetivos macroeconómicos planteados. Se considera que el tipo de cambio real debe ser lo suficientemente competitivo como para promover el crecimiento de las exportaciones a la tasa máxima que el potencial del lado de la oferta del país lo permita, al mismo tiempo que se mantenga un eventual déficit de cuenta corriente a un nivel sustentable. El límite al tipo de cambio competitivo estaría dado por las presiones inflacionarias que se puedan generar. En todo caso, la filosofía del consenso es que el equilibrio de la balanza de pagos es mejor servida por una política de expansión de las exportaciones en lugar de la sustitución de importaciones.
(7) Política comercial.
La liberalización de las importaciones constituye un elemento esencial en una política económica orientada hacia el sector externo (orientación hacia afuera). El otro elemento es el tipo de cambio. El acceso a bienes intermedios importados a precios competitivos se considera un aspecto importante en la promoción de las exportaciones, mientras que una política proteccionista en favor de la industria nacional y en contra de la competencia extranjera es vista como una distorsión costosa que en última instancia termina por penalizar el esfuerzo exportador y por empobrecer la economía local.
El sistema de licencias de importación es
considerado el peor ejercicio de proteccionismo , dado que apunta directamente
a la creación de oportunidades para la corrupción.
En opinión de Williamson, una tarifa general moderada entre un
10% y un 20%, con poca dispersión es aceptable como mecanismo para proteger y
orientar la diversificación de la base industrial, sin mayores costos.(8) Inversión Extranjera Directa. (IED).
La liberalización de los flujos financieros externos no es visto como de alta prioridad. No obstante, una actitud restrictiva que limite la entrada de la inversión extranjera directa (IED) es considerada una insensatez.
(9) Privatizaciones.
La lógica de las privatizaciones obedece a la creencia de que la industria privada se administra más eficientemente que la empresa estatal.
En general, se considera que la privatización de empresas de propiedad estatal (EPE) constituyen una fuente de ingresos de corto plazo para el Estado. En el largo plazo, se argumenta, el Estado se libera de la responsabilidad de financiar ulteriores inversiones.
La creencia en la eficiencia superior de la empresa privada ha sido un dogma de fé para Washington desde hace mucho tiempo. No obstante, la promoción de las privatizaciones en el extranjero como política oficial de EEUU data de 1985, con la promulgación del Plan Baker. El FMI y el Banco Mundial han incentivado las privatizaciones en Latinoamérica y en el resto del mundo desde entonces.
El economista Patricio Meller fue uno de los profesionales invitados que participó en el seminario de 1989. En su análisis del caso chileno, el especialista expuso lo siguiente:
"Las privatizaciones más importantes, en términos de valor neto total, han sido aquellas que constituyen el sector tradicional de empresas de propiedad estatal (EPE). Este proceso se comenzó en 1986. La lista de las firmas privatizadas incluye a la mayoría de los servicios públicos (electricidad, teléfonos, telecomunicaciones) como asimismo a la línea aérea nacional y otras. El valor neto total de la enajenación programada de EPEs es de aproximadamente US$ 3.600 millones (Hachette and Lüders 1988).
Los argumentos usuales para la enajenación de EPEs no son válidos para el caso chileno, dado que, en la estela del proceso de medidas de ajuste del sector público llevado a cabo anteriormente, las EPEs presentaban superávit (un indicador de haber sido eficientemente administradas) y estaban transfiriendo recursos al gobierno central. Más aun, estas empresas fueron estructuradas de tal forma que eran autofinanciadas; por lo tanto, no podían tener impacto negativo en el déficit fiscal. La lógica de la enajenación de las EPEs fue la reducción del tamaño del sector público".
En opinión de Williamson, la privatización puede ser muy constructiva en el caso que promueva mayor competencia. Sin embargo, declara no estar persuadido de que el servicio público es siempre inferior a la avidez privada como fuerza motivadora. Por otra parte, bajo ciertas circunstancias, cuando los costos marginales son inferiores a los costos medios (por ejemplo, en el caso del transporte público) o en presencia de impactos ambientales demasiado complejos para ser fácilmente compensado por regulaciones (por ejemplo, en el caso de las sanitarias), Williamson continúa creyendo que la propiedad pública es preferible a la propiedad privada. Pero este no es el punto de vista de Washington, concluye.
(10) Desregulación.
Una forma de promover la competencia es mediante la desregulación. Este proceso fue iniciado en Estados Unidos por la administración Carter, pero fue profundizado durante el mandato de Reagan. Se le ha juzgado, de manera general, como un proceso exitoso en esa nación y se ha partido de la base que también puede producir beneficios similares en otros países, especialmente en América Latina, donde se practicaban economías de mercado altamente reguladas, al menos en el papel. En un buen número de países de América Latina, las redes regulatorias son administradas por burócratas mal pagados. El potencial para la corrupción es, por lo tanto, alto. La actividad productiva puede ser regulada por la vía legislativa, por decreto gubernamental o por decisión tomando caso por caso. Esta última práctica es bastante difundida y perniciosa en Latinoamérica ya que crea incertidumbres y provee oportunidades para la corrupción. También suele ser discriminatoria en contra de los pequeños y medianos empresarios, los cuales, a pesar de que son importantes fuentes creadoras de empleo, raras veces tienen acceso a las esferas más altas de las burocracias.
Comentarios.
Las políticas económicas que Washington impulsa sobre el resto del mundo se pueden resumir, a grandes rasgos, como políticas macroeconómicas prudentes, de orientación hacia afuera y de capitalismo en su versión de libre mercado.
El supuesto sería que aquello que es bueno para Washington, es bueno para el resto del mundo y viceversa.
En general, no se aprecia una postura rígida por parte de Washington en la exigencia de llevar a cabo las políticas recomendadas, especialmente en lo referente a las privatizaciones.
En el caso chileno estas parecen más bien estar impulsadas por presiones internas de grupos económicos interesados en la transferencia de EPEs sanas y rentables.
Hace algunas semanas atrás, en un artículo aparecido en Enfoques de Economía y Negocios de El Mercurio se recogía la opinión empresarial favorable a apurar el proceso privatizador en vista de la crisis de la economía, lo que contribuiría a forzar los precios a la baja de las empresas estatales incluidas en la agenda privatizadora.
La modalidad de financiar proyectos de inversión en empresas públicas mediante la privatización no es la única alternativa, como lo hace aparecer el actual Gobierno. La posibilidad de ampliar la base tributaria, mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos o el financiamiento mediante la emisión de bonos son otras soluciones posibles. Además, existirían actividades en la minería que no están sujetas a régimen tributario, es decir, una fuente de recursos financieros por explotar.
En todo caso, es lógico que cualquier inversión privada en empresas de servicios públicos, como las sanitarias, se recupera por el mecanismo de aumento de tarifas, lo que a la larga equivale a un impuesto.
Vale la pena recordar al respecto, que Washington considera aceptable el gasto público de inversión en empresas de infraestructura.
Pese a que se trata de bienes de patrimonio nacional, el proceso de privatizaciones en Chile no ha sido sujeto a debate público. Se ha creado intranquilidad entre los trabajadores de las empresas públicas que están en la mira del proceso privatizador, por temor a perder el empleo y otras garantías. Los despidos masivos en el holding privado Enersis parecen confirmar los peores augurios.
Por su parte, el SAE (Sistema Administrador de Empresas), organismo dependiente de Corfo encargado del proceso privatizador, intenta diversos mecanismos para llegar a acuerdos con los trabajadores. Recientemente, su administrador, Eduardo Arriagada, indicó que se estaban ofreciendo soluciones tipo "participación accionaria". Mecanismos que también fueron utilizados durante las enajenaciones de fines de los ochenta para otorgarle un tinte de legitimidad a las privatizaciones.
Al parecer, existe similitud con los procesos privatizadores llevados a cabo durante el régimen militar, en el sentido de que se trata de empresas públicas rentables y que no presentan impacto negativo para el balance fiscal. EMOS no era una empresa deficitaria al momento de su venta.
En cuanto al establecimiento de un marco regulatorio adecuado que prevenga la ocurrencia de hechos como la crisis de energía eléctrica, por la falta de información y de debate público, la ciudadanía no tiene los elementos de juicio para formarse una idea ni de la necesidad ni del grado de seguridad que implican las privatizaciones de otros servicios públicos. Se ha querido presentar este proceso como inevitable y como sinónimo de modernización.
En otras áreas del gasto público, Chile sigue una línea diferente al consenso de Washington en un sentido más restrictivo. Mientras para Washington el gasto en educación y salud constituyen la quintaesencia del gasto fiscal apropiado, en Chile la educación superior no es gratuita, por ejemplo, como es el caso en varios otros países latinoamericanos. En el área de salud no se ha logrado fortalecer suficientemente al subsistema público, mientras que el subsistema privado continúa siendo subsidiado.
Las políticas económicas recomendadas por Washington aparecen a primera vista como imposiciones perentorias. En un exámen más profundo es posible constatar más flexibilidad de lo que comúnmente se cree.
Es mi impresión que, muchas de las políticas económicas poco populares que el Gobierno de
Agosto 1999
por Max Larraín
por Max Larraín
EL consenso de Washington
Origen del Consenso de Washington
El Consenso de Washington fue formulado originalmente por John
Williamson en un documento en noviembre de 1989 ("What Washington
Means by Policy Reform", que puede traducirse como "Lo que Washington
quiere decir por política de reformas" o "Lo que desde Washington se
entiende por política de reformas"). Fue elaborado también en un documento
como trabajo para una conferencia organizada por el "Institute for
International Economics", al que pertenece John Williamson.
El propio Williamson cuenta que en ese histórico borrador incluyó
"una lista de diez políticas que personalmente pensaba eran más o menos
aceptadas por todo el mundo en Washington". Originalmente, ese paquete de
medidas económicas estaba pensado para los países de América Latina, pero
con los años se convirtió en un programa general.
- Disciplina
presupuestaria (los presupuestos públicos no pueden tener déficit)
- Reordenamiento
de las prioridades del gasto público (de áreas como educación y
salud pública a Investigación e infraestructuras)
- Reforma Impositiva
(buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados)
- Liberalización financiera,
especialmente de los tipos de interés
- Un tipo
de cambio de la moneda competitivo
- Liberalización
del comercio internacional (trade liberalization) (disminución de
barreras aduaneras)
- Eliminación
de las barreras a las inversiones extranjeras directas
- Privatización (venta
de las empresas públicas y de los monopolios estatales)
- Desregulación de
los mercados
- Protección
de la propiedad privada.
Hay que puntualizar que por "más o menos", Williamson entendía
el complejo político-económico-intelectual que tiene sede en Washington D.
C.: los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco
Mundial), el Congreso de los EEUU, la Reserva Federal, los altos cargos de
la Administración, y los institutos con destacados expertos (think tanks) económicos.
Aunque Williamson subrayó que debe aplicarse con criterio, la lista pronto se
convirtió en lo que más o menos pensaban los economistas sobre lo requerido
para el progreso de todos los países en vías de desarrollo. Sin embargo, los
ciclos de auge y apogeo no terminaron y se expandieron de América Latina a
otros países, y también hubo pérdida del producto que duró más o menos una
década para que las economías regresasen al nivel anterior a la transición. Y
por cierto, también hubo una serie de crisis financieras a nivel más o menos
generalizado.
El consenso sin duda no logró los resultados esperados. Se llegó a
demostrar que el crecimiento efectivamente está ligado al comercio, pero que se
debían dar incentivos para dicho comercio; además, la liberalización del
comercio a veces deterioraba esos incentivos (apreciación cambiaria, por
ejemplo). Mientras fue posible, se logró el crecimiento a través del comercio
con incentivos tales como la reducción de los derechos a las exportaciones, un
tipo de cambio más competitivo, la liberalización de las exportaciones antes
que las importaciones (industrialización sustitutiva de importaciones), el
mejoramiento de la infraestructura para el comercio exterior, y la creación de
zonas francas.
Otra dificultad identificada, fue que las estrategias se centraron más
en la eficiencia que en ampliar la productividad y por ende el crecimiento, por
lo que estas reformas verdaderamente no inducían el crecimiento.
Además, si bien estas recomendaciones de política económica se planearon
para crecimiento sostenido, no se resolvieron satisfactoriamente los fallos
públicos y del mercado, que impiden acumular capital y aumentar la
productividad.
Esa breve lista tomó autonomía y se constituyó en lo que más tarde se
denominaría «neoliberalismo», especialmente por parte de sus críticos.
Con posterioridad, la "lista" inicial fue completada,
ampliada, explicada, y corregida. Así y en distintos foros, se ha oído hablar
del "Consenso de Washington II", y del "Consenso de Washington
III".
Críticas al consenso de Washington
Asimismo el Consenso de Washington ha recibido gran
cantidad de críticas. Quizás las más importantes sean las que le formulara Joseph
Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001 y ex vicepresidente del Banco
Mundial. Críticos de la liberalización como Noam Chomsky o Naomi
Klein,4 ven en el
Consenso de Washington un medio para abrir el mercado laboral de las
economías del mundo subdesarrollado a la explotación por parte de
compañías del primer mundo.
Las críticas, que provienen desde la antiglobalización hasta
del mismo liberalismo económico junto con algunas de sus corrientes:
la escuela clásica y la escuela austríaca. Ellos argumentan
además que los países del primer mundo imponen las políticas del
Consenso de Washington sobre los países de economías débiles, mediante una
serie de organizaciones burocráticas supraestatales como el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, además de ejercer presión
política y extorsión. Se argumenta además, de forma muy generalizada,
que el Consenso de Washington no ha producido ninguna expansión económica
significativa en Latinoamérica, y sí en cambio algunas crisis económicas
severas, y la acumulación de deuda externa que mantiene a estos
países anclados al mundo subdesarrollado.
A su vez, sus políticas educativas, si bien en buena medida acatadas en
Latinoamérica (especialmente en países como Chile y Argentina)
donde tenían considerable buena prensa, ha sido criticada desde dentro de estas
mismas sociedades, en trabajos como el de José Luis Coraggio La
educación según el banco mundial, que ponía en entredicho el modelo
educativo neoliberal y las posibles consecuencias de su implementación,
consecuencias que luego se ha visto como ciertas, y que en buena medida
explotaron en la Crisis Educativa en Chile del 2011.
Crisis educativa en Chile
La movilización estudiantil de
2011-2012 corresponde a una serie de manifestaciones realizadas a nivel
nacional por estudiantes universitarios y de secundaria de Chile desde mayo de 2011 hasta la actualidad. Han sido
consideradas como las movilizaciones más importantes de los últimos años y una
de las mayores desde el retorno a la democracia. Además, es la Movilización
Estudiantil más grande y extensa de la historia del país.
Estas movilizaciones surgieron de
parte de estudiantes que rechazan el sistema educacional chileno, que provee
una amplia participación del sector privado respecto a la del Estado.
Actualmente, solo el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado,
mientras que los estudiantes aportan el otro 75%.Este sistema fue originado durante la dictadura
de Augusto Pinochet a lo largo de los años 1980 finalizando con la promulgación
de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) cuatro días antes de
entregar el poder. Esta ley dejó al Estado en un rol regulador, delegando gran
parte de la enseñanza al sector privado.6 7 Tras la movilización de 2006, conocida como la
"Revolución pingüina", la LOCE fue reemplazada en 2009 por la Ley
General de Educación, que no trajo cambios significativos a la ley anterior.8
Las primeras movilizaciones fueron
convocadas en Santiago por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech),
organismo que agrupa a las federaciones de estudiantes de las universidades que
integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas —conocidas como
"tradicionales"— para los días 28 de abril y 12 de mayo de 2011, en
reclamo por el financiamiento, retrasos en la entrega de becas y problemas con
la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).9 Durante el mes de junio, los estudiantes
convocaron a sucesivas marchas en las principales ciudades de Chile, alcanzando
gran convocatoria y demandando reformas al sistema educacional chileno que
fortalecieran el rol del Estado en la educación. Luego de un mes de
paralizaciones, el gobierno presentó su primera propuesta, estableciendo un
nuevo fondo para la educación y facilitando el acceso a créditos
universitarios. Las principales organizaciones rechazaron la propuesta
demandando medidas más de fondo. Sucesivas propuestas del gobierno abrieron la
posibilidad de reformas al sistema, como la desmunicipalización de la educación
secundaria o un cambio constitucional que asegure la calidad en la educación,
pero no fueron consideradas suficientes por los estudiantes.
El movimiento ha sido considerado
como uno de los más fuertes desde el retorno a la democracia y, en conjunto con
otras manifestaciones ocurridas durante el segundo año del gobierno de
Sebastián Piñera, fueron interpretadas como parte de un movimiento social mayor
que demanda reformas sustanciales al modelo económico y político establecido
durante la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990 y que se
mantiene por más de veinte años sin cambios sustanciales, con el fin de reducir
la fuerte desigualdad de ingreso existente en el país.10 Tras dos meses de paralizaciones, una
reconocida encuesta de opinión pública cuantificó el respaldo que la
movilización estudiantil ha suscitado en la ciudadanía, estableciendo la
existencia de un fuerte apoyo de la población (cerca de un 70%) a las principales
demandas del movimiento.11 El gobierno, en tanto, entró en una
crisis que derivó en una caída histórica en la aprobación presidencial11 y la realización de sucesivos cambios
de gabinete.
jueves, 30 de agosto de 2012
Evidencia 1
Consenso de Washington
En Noviembre de 1989 el instituto
de Economía Internacional organizó una reunión en Washington de ministros de economía
de diversos países latinoamericanos y representantes de organismos financieros
internacionales y del gobierno de Estados Unidos, en la que John Williamson
presentó el documento titulado "lo que Washington quiere decir por reforma
de política (económica)". En él, Williamson identificó "un conjunto
deseable de reformas de política económica " cuya aplicación se había
vuelto práctica convencional durante los años ochenta en los países
latinoamericanos y que, además, contaba con el respaldo del gobierno de Estados
Unidos , la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial. Dicho conjunto de políticas, conocido desde entonces como el Consenso
de Washington , se recomendó para los países latinoamericanos , aunque no para
Estados Unidos, ya que "...desde luego, Washington no siempre practica lo
que recomienda a los extranjeros¡ (Williamson, 1990).
Consta de diez recomendaciones de
política económica :
1.- Asegurar la disciplina
fiscal, con un déficit operativo de no más del 2% del PIB
2.- Establecer prioridades de
gasto publico, es decir, eliminar todos los subsidios.
3.- incrementar el ingreso
fiscal, al ampliar la base gravable y moderar tasas marginales.
4.- liberalizar las tasas de interés
5.- establecer un régimen
flexible de tipo de cambio
6.- liberalizar el comercio
exterior
7.- liberalizar los flujos de inversión
extranjera
8.- privatizar empresas
paraestatales para conseguir más eficiencia
9.- desregular para promover la
competencia
10.- garantizar los derechos de
propiedad (en forma similar a la de Estados Unidos).
fuente: perfiles latinoamericanos, Moreno et. al.
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