La
nueva escuela en México.
Es indiscutible, que el neoliberalismo
es una forma de explotación intensiva a la manera del viejo capitalismo salvaje
de la antigua revolución industrial europea, sin embargo, en un nuevo mundo
globalizado, a la par del comercio internacional, se expande rápidamente la
acción de poderosas e internacionales organizaciones civiles, portadoras de una nueva cultura democrática y
de derechos humanos, que se refleja en limitantes institucionales a las peores
formas de explotación. Estas organizaciones, reforzadas por la velocidad con
que las denuncias por atrocidades de todo tipo circulan instantáneamente por
las redes de comunicación mundiales, y que se abocan a la creación de un frente de resistencia a los procesos
comerciales neoliberales, obligan a los países emergentes en el nuevo mundo
globalizado, a suscribir acuerdos o cláusulas de “derechos humanos”, que
condicionan cada vez más la suscripción de tratados comerciales salvajes, entre
las metrópolis y sus socios comerciales, además de los nuevos acuerdos
internacionales auspiciados por los organismos de las Naciones Unidas, de los
que estas nuevas organizaciones hacen cada vez más portavoces de sus
exigencias.
Y es aquí donde reside el problema central, pues si bien
todas las nuevas reformas tienen su origen en los nuevos procesos
globalizadores por los que transitan las economías latinoamericanas, no todas
estas reformas son neoliberales, ya que de hecho existe una diferencia entre
liberalismo y neoliberalismo como nos lo indica Jorge Witker (2003):
Para los liberales la sociedad civil existe independiente
mente del mercado y en ella los individuos se desarrollan con todas sus
pasiones y virtudes. El mercado es un elemento más de lo social el cual debe
someterse a las leyes derivadas del contrato social que es el Derecho. Con ello
el liberalismo es una filosofía sobre la libertad del individuo en donde se
presentan las pasiones humanas (amor, envidia, celo, honor, altruismo,
etcétera) que en el liberalismo encuentran un espacio para su florecimiento.
Los neoliberales en cambio hacen del mercado el centro de
lo social, pero su visión del mercado está sólo restringida a los mercados de
los sectores financieros y bursátil, que son el eje de toda su concepción y de
toda su orientación sociopolítica. En torno a ellos giran los otros mercados de
bienes y servicios a los que acuden los agentes económicos (p.64).
Lo lamentable sigue siendo el lastre ideológico de la
mayoría de los organismos financieros del primer mundo, los que asumen una
posición totalmente económico-reduccionista con respecto a las reformas
educativas, al pensar, que el problema está en sólo lograr los consensos
políticos necesarios para su implementación –-independientemente de los costos
sociales, los que a mediano plazo serán resueltos por el mercado mismo-- y a pesar de repetidos fracasos en los casos
y en los países en que se han implementado --y sin importar los conflictos que
han producido--. La realidad es que los resultados, al menos para América
Latina –no se puede extrapolar más allá de la región, y aun así, es aventurado
hacerlo y hay que restringirse a un mínimo acorde con ciertas constantes
culturales, como son el haber sido colonias españolas en primer lugar, -no son
muy halagüeños, ya que los rezagos persisten más allá de las reformas, y los
conflictos por su implementación se multiplican en todo el espectros de lo
social.
En nuestro país, el empleo en el gobierno bajo la
modalidad de la “plaza de base”, protege a la persona contra las contingencias
de la vida, y le asegura su supervivencia económica ante los vaivenes de la
misma. Para el empleado público, la “plaza”, es una cierta forma de ser libre,
y principalmente de asegurar el problema económico hasta la muerte. Una vez que
se logra es muy difícil perderla, por no decir que es casi imposible, de esta
manera regresamos al viejo concepto de libertad donde “la plaza”, deja de ser
patrimonio público – a pesar de que existe con recursos públicos--, y se
convierte en patrimonio privado, al ser otorgada por el Estado, asegurándole al
empleado de gobierno su vida futura. Podemos entender este fenómeno como una
forma más del patrimonialismo weberiano, ya que no hay que olvidar que para
asegurarse la libertad, el trabajador se apropia de un recurso público y lo
hace suyo, como si fuera privado. En la práctica, la plaza no es más que una
forma de cooptación patrimonial desarrollada por el Estado Mexicano como forma
de control político de grandes sectores de la población, a los que ha
convertido así en clientes, a la manera romana de conceptualizar este término.
Existe un referente cultural heredado de la tradición
revolucionaria socialista en México, donde la relación entre el gobierno y sus
empleados, al configurar una cierta forma de relación corporativa de
dependencia, requirió de ser blindada jurídicamente para darle vigencia a un
pacto de sumisión dentro de la tradición autoritaria del Estado Mexicano. De
aquí, que exista todo un apartado constitucional –Apartado B del Art 123
Constitucional y su ley reglamentaria— que se encargan de darle validez y hacer
exigible su cumplimiento por parte de la autoridad política. El romper esta
relación sería entendida como un regreso al “Estado de Naturaleza” hobbesiano, es
decir, a la violencia.
La plaza, se convierte en un espacio privado de libertad,
donde el docente se considera con la autoridad necesaria para –cumpliendo
ciertos requisitos mínimos para asegurar su propiedad—, hacer lo que quiera,
considerándose fuera de un círculo público de servicio, al excluir a los
clientes o usuarios del mismo, los padres de familia, quienes se encuentran sin
derechos de participar al interior de la vida de la institución escolar, lo que
está incluso contemplado en el Artículo Tercero constitucional donde no existe
nada relativo a la participación social (Latapí, 1996), ya que su participación
está normada en función de apoyar a la institución, no vigilarla.
Se le han dado varias salidas a esta problemática: desde
los pactos escolares para que acepten programas como el de Escuelas de Calidad,
pasando por los Consejos Técnicos --espacios donde se discute en colegiado a la
manera de los círculos de calidad para asumir el cambio y la actualización como
un compromiso--, hasta los programas de formación y actualización mediados por
el programa de Carrera Magisterial. Hasta la fecha ninguno de estos programas
ha ofrecido resultados que cambien la situación de penosa agonía y baja calidad
por la que atraviesan nuestras escuelas.
La destrucción de la tradición educativa que deviene de
la autoridad del maestro en el aula y que había sido la base de una tradición
cultural que heredamos de los primeros pedagogos de América, las órdenes religiosas, ha provocado
la falta de legitimidad sobre las nuevas formas de enseñanza, las que incluso
están reñidas con el aprendizaje que los propios docentes tuvieron en sus
centros de formación profesional, de ahí que el problema principal esté en la
legitimidad que los nuevos cambios, las nuevas normas y la nueva organización,
ante los maestros.
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